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¿COMPLIANCE PENAL PARA LOS AGENTES DE ADUANAS?

Conveniencia y necesidad de aplicar un Modelo de Prevención de Delitos en la empresa
La figura del Agente de Aduanas o representante aduanero ha evolucionado con el paso del tiempo, adaptándose a las nuevas necesidades que surgen en la cadena de suministro del comercio internacional. Como sucede con casi cualquier ámbito de nuestro entorno, los efectos de la globalización económica han incorporado importantes novedades en la dinámica aduanera internacional, lo que impone a los operadores económicos -y muy especialmente, al representante aduanero- la incorporación en su actividad profesional, de herramientas que aseguren la agilidad, seguridad, confianza y fiabilidad que demandan las actuales condiciones del mercado y que se exigen desde el propio marco legal -nacional e internacional-, aplicable a la materia.

Así, por un lado, con la incorporación y normalización en el ámbito aduanero de las nuevas características del comercio internacional: la transnacionalidad, la modernización de los sistemas de transporte, la rapidez en las transacciones comerciales, etc., inevitablemente surgen nuevos riesgos que deberán asumirse como parte de la actividad profesional, haciendo necesaria una gestión eficiente de los mismos.

Por otro lado, al tratarse de un sector ampliamente regulado y controlado por la Administración, el Agente de Aduanas se ve en la obligación de organizar su estructura empresarial atendiendo criterios legales o reglamentarios, que son constantemente sometidos a controles y fiscalizaciones, al tiempo que busca obtener certificaciones de calidad y otros reconocimientos a nivel nacional, europeo o internacional, que le permiten obtener un estatus, en ocasiones imprescindible, para mantenerse competitivo en el mercado.

Ante este panorama, surge para las empresas del sector un nuevo reto que es común a todas las empresas españolas: el compliance program como herramienta para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Ya desde hace algunos años, se escucha hablar en el mundo empresarial español de términos como compliance, cumplimiento normativo, ética empresarial, gobierno corporativo, etc. Concretamente, con la reforma del Código penal aprobada en 2010, se introducía por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España y con ella, se abría la puerta de nuestro sistema penal a conceptos que, hasta entonces, eran más propios del mundo anglosajón y de las grandes multinacionales.

No es sin embargo hasta la reciente entrada en vigor de la última reforma del Código penal mediante la LO 1/2015, que el tema del compliance pasó a ser una cosa de todos. Y es que, si bien la Ley no impone con carácter obligatorio la adopción de un programa de cumplimiento o manual de prevención de delitos en la empresa, lo cierto es que la nueva realidad económica, corporativa y penal de nuestro país, le convierte en una herramienta prácticamente indispensable para garantizar la seguridad en el desarrollo de la actividad profesional.

Alejado de la naturaleza y esencia de las certificaciones de calidad, viejas conocidas en el sector aduanero, el mundo del compliance abarca mucho más que una relación: cumplimiento de requisitos – título. Se trata en cambio de un nuevo paradigma corporativo que ya no es exclusivo de las grandes multinacionales y que deberá calar en el ADN de las corporaciones, también en el de las medianas y pequeñas empresas que nutren mayoritariamente el mercado español. Es la materialización de un trasvase de competencias en materia de prevención y seguridad por parte del Estado a las propias empresas que, a partir de ahora, deberán tomar parte en la responsabilidad de prevenir delitos en el seno de su organización y para ello, como veremos, no bastará con “adquirir” un Manual de Prevención de Delitos como quien “contrata un seguro” contra la responsabilidad penal de la empresa.

Un programa de cumplimiento debe pretender, de manera general, la adopción por parte de la empresa de una política de buen gobierno corporativo, y ello, implica mucho más que establecer protocolos de prevención de riesgos en un documento que puede llegar a resultar sencillamente inaplicable. Involucrar a cada uno de los niveles de la organización en un proyecto de empresa que valore y fomente la prevención de riesgos, es el objetivo principal y el fin último del compliance, pues solo de esa manera resultará efectivo ante la necesidad de una defensa penal de la persona jurídica por la infracción cometida en el desarrollo de sus actividades.

No se debe por tanto trivializar este nuevo desafío del mundo empresarial, que afecta también a la pequeña y mediana empresa, y que debe ser tenido en cuenta, con carácter prioritario, por aquellos sectores especialmente expuestos a la infracción de determinadas normas que pueden acarrear la responsabilidad penal de la propia persona jurídica, con las graves consecuencias económicas, sociales y reputacionales que ello conlleva.

Para afirmar la realidad de esos riesgos en el sector aduanero, basta con analizar el conjunto de conductas penalmente relevantes para las personas jurídicas y contrastar el potencial lesivo de la actividad profesional de los Agentes de Aduanas frente a las mismas.

Para nadie es un secreto que el comercio internacional y concretamente el sector aduanero, se caracterizan hoy en día por una frenética actividad de los operadores económicos, que asumen responsabilidades de representación en medio de un complejo entramado de operaciones riesgosas para una diversidad de bienes jurídicos penalmente protegidos: La diversidad del contenido y origen del material objeto de dichas operaciones; la protección legal del mismo (propiedad industrial, por ejemplo); el manejo de contenidos reservados; la necesaria interacción con terceros intervinientes para llevar a término la actividad profesional; las propias obligaciones financieras, tributarias o de naturaleza laboral que se derivan de su condición societaria; la estrecha vinculación entre el Agente de Aduanas y la Administración en relación con autorizaciones, visados, etc., que son inherentes a la propia actividad profesional; o incluso la significativa exposición de estos profesionales a la actividad inspectora de la Administración, son sólo algunas de las razones que vienen a confirmar la peligrosidad (o mayor exposición), ahora en términos penales (desde las últimas reformas del Código penal), de la actividad profesional del Agente de Aduanas, es decir, para afirmar que su actividad es, desde el punto de vista penal, una fuente de riesgos frente a bienes jurídicos como el interés económico del Estado y el cumplimiento de compromisos internacionales en la materia (delito de contrabando), el derecho a la propiedad y exclusividad de explotación del titular, así como los derechos de los consumidores (delito de propiedad industrial), el derecho a la intimidad personal (delito de revelación de secretos), el correcto funcionamiento de la Administración pública o el prestigio y buen nombre de la Administración (delitos de cohecho y tráfico de influencias), los intereses económicos y patrimoniales del Estado (delito contra la Hacienda Pública), entre otros.

Como consecuencia de lo anterior el Representante Aduanero no puede más que asumir la obligación de prevenir tales riesgos y, desde su consideración corporativa -es decir, desde su perspectiva empresarial- hacerse cargo, con las mayores garantías a su alcance, de la aplicación de modelos de organización y gestión orientados al afianzamiento de la cultura de cumplimiento en el seno de su empresa, o dicho de otro modo, introducir programas que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de delitos. Con ello, no sólo estará fomentando la ética empresarial en su organización, sino que estará dotando a la misma de una herramienta indispensable para su defensa jurídica, ante la eventual comisión de un delito que pueda acarrear responsabilidad penal para la empresa.

 

Jordi Tomás Sala y María Alejandra Vargas Ovalle

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