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El Gobierno aprueba un Real Decreto sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, por el que se regula LEXNET

El Gobierno aprueba un Real Decreto sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, por el que se regula LEXNET

El Consejo de Ministros de hoy, 27 de noviembre, ha aprobado un Real Decreto sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LEXNET.

Este sistema será el que, a partir del 1 de enero de 2016, se deberá utilizar para la presentación de escritos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación tanto por los juzgados, tribunales y fiscalías como por los profesionales que colaboran con la Justicia.

El nuevo sistema permitirá la presentación de documentos procesales las 24 horas del días, 365 días al año, se aplicará a todo tipo de notificaciones judiciales y será aplicable a todas las jurisdicciones, incluida la penal.

Ámbito de amplición
El Real Decreto se aplicará en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla) y en todos los órdenes jurisdiccionales.

Las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia habrán de adoptar las medidas necesarias para asegurar desde el próximo 1 de enero la aplicación de las previsiones introducidas en las recientes reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de laLey Orgánica del Poder Judicial en esta materia.

Para alcanzar este objetivo, el Ministerio de Justicia ha firmado convenios de colaboración con las comunidades autónomas y ha puesto a su disposición las herramientas técnicas necesarias para la implantación de las comunicaciones electrónicas. Además, según informa Justicia, en un esfuerzo por la coordinación institucional y técnica entre todas las instituciones y colectivos implicados, se han mantenido reuniones en el seno de la Comisión Justicia Digital y también en el marco del Comité Estatal de la Administración Judicial Electrónica, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, además del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Ampliación a otros colectivos a partir de 2017
A partir de 2017 la obligación de relacionarse de forma telemática con la Administración de Justicia se extenderá a los colectivos de notarios, registradores o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, el Real Decreto desarrolla la posibilidad de que el ciudadano pueda relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia así como que pueda proporcionar su número de teléfono móvil o correo electrónico para recibir mensajes de texto o avisos sobre dónde se encuentra a su disposición el acto de comunicación y la documentación correspondiente.

Impulso de las tecnologías de la información a la Justicia
Según el Gobierno, la aprobación de este Real Decreto se enmarca en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la Justicia y que tiene como hitos más destacados la Inscripción telemática de nacimientos ante el Registro Civil desde los centros hospitalarios (desde el pasado 15 de octubre); la Sede Judicial Electrónica (desde el pasado 22 de septiembre); la celebración de las subastas judiciales y notariales de forma telemática en Portal de Subastas del BOE (desde el pasado 15 de octubre); la implantación del Expediente Judicial Electrónico en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (desde septiembre de 2010); la implantación del Sistema integrado de Justicia (Cuenca); el acceso de las Administraciones al Registro Central de Penados y el envío automático de información sobre violencia de género: requisitorias, medidas cautelares y penas relativas a sentencias firmas (Madrid).

Fuentes del Ministerio de Justicia han señalado a Noticias Jurídicas que son conscientes de que el proyecto despierta dudas, temores y resistencias, pero que, pese a ello, el el Departamento existe el convencimiento de que se se va a conseguir alcanzar el objetivo previsto en la fecha fijada. “el plan sigue adelante, no hay marcha atrás.

Han encontrado un alto nivel de sensibilización en el CGPJ, la Fiscalía, los abogados y los procuradores y, además, el proyeco está consensuado con los grupos políticos parlamentarios desde que se aprobó la Ley 18/2011, por lo que prevén que el proyecto continúe adelante cualquiera que sea el signo del gobierno que salga de las próximas elecciones.

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